07_25_14_MOISA_okFuente :RTVA/Isla de la Cartuja /AEDAVA/Oficina del Portav.

La Mesa del Audiovisual acuerda más de un centenar de medidas para impulsar la reactivación del sector.

Jiménez Barrios afirma que las iniciativas tendrán una “extrema importancia para el presente y el futuro” de la industria y servirán de base para la futura ley andaluza

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que el trabajo desarrollado por la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía, desde el mes de diciembre, ha concluido con la elaboración de un documento base que recoge iniciativas “que tienen una extrema importancia para el presente y para el futuro de este sector”. Así, se ha procedido a la firma, por parte de todos los miembros de la Mesa, de un texto que servirá de base para la elaboración del Plan de Ordenación e Impulso al Sector Audiovisual (POISA) y para la redacción del anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. El consejero ha adelantado que la intención del Gobierno es llevar esta norma al Parlamento “a final de este año”.

Jiménez Barrios ha presidido el Pleno de la Mesa, en la están representadas asociaciones del sector, operadores, sindicatos, universidades, consumidores y usuarios, la RTVA y diversas entidades públicas. En conjunto, la forman 43 asociaciones, empresas e instituciones y 9 representantes de distintas instancias de la Junta de Andalucía.

A lo largo de estos meses de trabajo, se han constituido 25 grupos de trabajo y cinco mesas temáticas, en los que se han analizado pormenorizadamente las necesidades del colectivo. El consejero ha agradecido a todos los miembros su participación lo que, en su opinión, significa “que hay un gran interés del sector por la colaboración”. Al mismo tiempo, ha valorado que esta participación ha hecho que se reflejen “las múltiples dificultades que hay en el sector” en el contenido del texto.

Del mismo modo, ha reconocido la importancia que la Junta otorga a este sector que cuenta con más de 2.000 empresas y ocupa el tercer puesto, por detrás de Madrid y Cataluña, en el ranking de comunidades con mayor número de empresas audiovisuales. Representa el 10,7% del total de España. Además, la producción audiovisual en la comunidad se ha multiplicado por siete en la última década.

Jiménez Barrios ha señalado que, con datos de 2009, el sector cuenta con algo más de 35.000 empleos. En su opinión, todas estas cifras llevan a la decisión del Gobierno andaluz de que a “esta industria hay que impulsarla, hay que reordenarla y hay que facilitar la participación de sus miembros”.

Más de cien medidas

El texto acordado se estructura en cuatro ejes de actuación, que dan cobertura a 11 líneas estratégicas, y se concreta en un centenar de medidas.

Entre otras, se recogen iniciativas para una mayor participación de la ciudadanía en los servicios de comunicación audiovisual, a través de la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía y de la Carta de los Derechos de la Ciudadanía. También, se pretende impulsar la creación de un grupo de trabajo para el establecimiento de un Observatorio Andaluz de Medición de Audiencias.

Del mismo modo, el documento establece la necesidad de un mayor control de las emisiones ilegales, con la prohibición de incluir publicidad en emisiones sin licencia “es la mejor manera de combatir el fraude”, así como la previsión de reforzar las inspecciones, en este sentido. El consejero ha lamentado, en este sentido, que la ley del Gobierno central “es insuficiente para combatir la ilegalidad y la piratería y, por tanto, entendíamos que era aquí donde se podía indicar, de manera clara, el combate prohibiendo las transacciones comerciales”.

Asimismo, se prevén impulsar mecanismos para que la Administración pueda recuperar las licencias cuando ha habido incumplimientos por parte de los prestadores del servicio.

El texto también aboga por garantizar que el servicio público, tanto autonómico como local, quede asegurado y no se produzca ni la privatización ni la externalización de la gestión de los mismos. Del mismo modo, se apuesta por potenciar la producción propia desde los medios públicos, hecha en Andalucía, fomentando la economía social y las pequeñas y medianas empresas, e impulsar los rodajes tanto nacionales como internacionales en Andalucía.

Otra de las medidas bases acordadas es el establecimiento de incentivos y bonificaciones fiscales, sobre los tributos autonómicos que afecten al sector audiovisual, y la suscripción de convenios de colaboración con entidades financieras, para facilitar la financiación de las actividades cinematográficas y audiovisuales realizadas en la comunidad .

El documento base también promueve la celebración de certámenes o festivales audiovisuales en Andalucía, implantar medidas para favorecer la contratación de técnicos y especialistas, residentes en Andalucía, y la elaboración de un directorio de empresas y profesionales residentes en la región, que esté continuamente actualizado.

Del mismo modo, se apuesta por garantizar los derechos de las personas con discapacidad en las acciones de la industria audiovisual y el principio de igualdad y la trasversalidad de género en todas las políticas que se empleen en el sector.

Esta mesa también ha considerado necesaria la promoción de la enseñanza audiovisual en todos los niveles de la educación, no sólo en el universitario, y la creación de comisiones de expertos para supervisar el buen funcionamiento de las emisoras locales, emitir informes y recomendaciones. Para Jiménez Barrios, esta medida contribuirá a poder “acabar con eso que denuncia una y otra vez el Consejo Audiovisual de Andalucía y dotar, por ley, de transparencia a estos medios”.

Finalmente, se pide la creación de una comisión, integrada por la Junta, las emisoras públicas locales y otras entidades representativas del sector, para evitar el cierre de las emisoras municipales.

El documento base del POISA también incluye un desarrollo normativo audiovisual que comienza con el compromiso de aprobar la Ley Audiovisual y que incluye la Ley de Cine de Andalucía; la reordenación del espectro radioeléctrico; la elaboración de una normativa aplicable a la emisión de lengua de signos. Asimismo, se exige al Estado el mantenimiento de los dos canales digitales de TDT de ámbito autonómico.

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